En su resolución, a la que ha tenido acceso Servimedia, el magistrado impone además a cada uno de los dirigentes de HB una fianza de 250.000 pesetas en concepto de responsabilidad civil, tal como pidió el fiscal, para hacer frente al pago de las costas procesales, que deberán depositar en el plazo de un día desde que les sea notificado el auto.

Asímismo, acuerda mantener las medidas cautelares que acordó contra ellos el pasado 14 de abril -fianzas de 500.000 pesetas para todos ecepto de 5 millones para cuatro de los dirigentes y prohibición de abandonar el territorio nacional sin su autorización-, dado que ninguna de las partes acusadoras solicitó la adopción, modificación, suspensión o revocación de las mismas.

Finalmente, el magistrado decide dar un plazo de 5 días a los abogados de los dirigentes 'abertzales' para que formulen sus escritos de defensa y propongan las pruebas que consideren necesarias, advirtiéndoles que de no hacerlo en dicho plazo, se entenderá que se opoen a las acusaciones y el procedimiento seguirá su curso.

Según informaron fuentes judiciales, tras este plazo, el Tribunal Supremo procederá a señalar la fecha en la que los dirigentes 'abertzales' se sentarán en el banquillo por estos hechos, probablemente a mediados del próximo mes de junio.

Las fuentes consultadas precisaron que probablemente el magistrado aproveche la comparecencia que todos ellos deben realizar mañana ante el Alto Tribunal para notificarles verbalmente este auto de aperturade juicio oral.

La citación de los 23 dirigentes de la coalición fue acordada la pasada semana por Martínez Pereda con el fin de notificarles el auto que dictó el pasado 29 de abril por el que dio por concluidas las investigaciones.

En dicha resolución, el instructor decidía transformar en procedimiento abreviado las diligencias previas que había tramitado en relación con este asunto, al considerar que ya había practicado todas las diligencias pertinentes para la investigación de los hechos.

La notificación de esta resolución había sido solicitada por la defensa de los miembros de la Mesa Nacional, que pretendían que el magistrado se la comunicase a través de los juzgados de sus respectivos domicilios, aunque finalmente Martínez Pereda decidió que todos ellos acudiesen personalmente al Tribunal Supremo.

Esta decisión provocó que HB emitiese un comunicado la pasada semana en el que profería amenazas contra los magistrados del Alto Tribunal y contra la Asociación Víctimas del Terrorismo, pesonada en las actuaciones como acción popular.

En su auto de conclusión de las investigaciones, el juez señalaba que la conducta de los dirigentes de HB "implica unos actos de colaboración que favorecen la realización de las actividades o la consecución de los fines de un grupo terrorista como ETA" lo que, a su juicio, es constitutivo de colaboración con banda armada.

Durante el juicio que se celebrará contra ellos, los dirigentes de HB se enfrentarán a peticiones de cárcel que oscilan desde losaños de prisión que solicita el fiscal para cada uno de los 23 miembros de la Mesa Nacional de HB como autores de un presunto delito de colaboración con banda armada, hasta los 22 años que pide la AVT para cada uno de los dirigentes por los delitos de pertenencia a banda armada y otro continuado de colaboración con ETA.

En concreto, la causa contra la Mesa Nacional de HB fue iniciada por la difusión por parte de la coalición de unos vídeos y cuñas radiofónicas de ETA durante las pasadas elecciones geerales, así como sendos comunicados en los que justificaba los asesinatos de Múgica y del ex presidente del Tribunal Constitucional Francisco Tomás y Valiente por parte de la organización terrorista.