La petición obtuvo el apoyo de PNV, Eusko Alkartasuna e Izquierda Unida, a los que se unió en el último momento Herri Batasuna, tras arduas negociaciones. En contra votaron el Partido Popular, el PSOE y Unidad Alavesa.

Herri Batasuna tuvo que renunciar al punto de supropia propuesta en el que reclamaba una negociación entre el Estado y los presos de ETA.

La representante del PNV Belén Greaves resaltó que los presos "tienen derecho a cumplir la pena lo más cerca posible de su lugar natural", mientras que el portavoz del PSOE, Manuel Huertas, advirtió que no deben confundirse derechos con reivindicaciones políticas.

"Nosotros apoyamos la política de reinserción como derecho individualizado del preso, previo abandono de la violencia y consecuentemente de la disiplina de ETA. No podemos confundir derecho con reivindicación política", señaló el representante socialista.

El acuerdo será remitido también al Ministerio del Interior galo, ya que en él se reclama igualmente el acercamiento de los presos del País Vasco francés a lugares próximos a sus domicilios habituales.

La resolución aprobada rechaza el informe remitido al Parlamento vasco por Angel Yuste, director general de Institutiones Penitenciarias, por entender que no contemplan un plan global de acrcamiento de presos al País Vasco.

Como primer paso, el Parlamento vasco solicita al Ministerio del Interior que, como paso previo, traslade a centros ubicados en la península a todos los ciudadanos vascos que cumplan condena en cárceles situadas fuera de ella.

Uno de los puntos del acuerdo "insta firmemente a las instituciones penitenciarias a que respeten los derechos humanos elementales de todos los presos vascos" y reclama que quienes "hayan cumplido la mayor parte de la pena y, de acuerdo co la ley, puedan ser puestos en libertad condicional y sean liberados".