Tras rechazar una posible "criminalización de la libertad de expresión", JpD indica en un comunicado que no se puede caer en la trampa de los terroristas, ya que "para el terrorismo es esencial desmontar el conjunto constitucional de derechos y libertades, cuyo respeto marca la diferencia entre demócratas y antidemócratas".

"Cualquier rebaja en cualquier derecho o libertad constitucional, como la de expresión,ayuda objetivamente a debilitar la Democracia, y por tanto reforzaría a los que están contra ella", agrega.

Por lo tanto, Jueces para la Democracia estima que la pretensión del Gobierno de endurecer la legislación penal que castiga la apología del terrorismo no es una buena iniciativa.

"Creemos que las previsiones del actual Código Penal son suficientes para afrontar cualquier problema relevante, dentro del marco del principio de mínima intervención del Derecho Penal", agrega la nota. "De cualquir manera, criminalizar la libertad de expresión supondría encarcelar la Democracia. En consecuencia, la indebida penalización de la libertad de expresión no solucionaría ningún problema, sino, muy al contrario, lo agravaría".