Según informaron fuentes jurídicas, el fiscal matuvo el criterio de que Idígoras, que permanece en la prisión de Alcalá-Meco desde el pasado 21 de febrero, obtenga la libertad previo depósito de una fianza acorde a su capacidad económica, en contra de la defensa del dirigente de HB, que pidió su libertad sin ningún tipo de medida cautelar.

El pasado 1 de abril, el jue Garzón rebajó de 300 a 15 millones de pesetas la fianza que impuso a Idígoras por estos hechos, tras estimar que había desaparecido la alarma social que provocó la difusión de los vídeos y considerar acreditada la imposibilidad del dirigente de HB y de la coalición de hacer frente a dicha cuantía.

Durante la vista del recurso, celebrado ante la sección primera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, la abogada de Idígoras, Jone Goiricelaya, sostuvo que Idígoras no cometió ningún tipo de delio ni colaboró con banda armada, dado que esto supone la realización de actos concretos que, a su juicio, ni el dirigente de HB ni el resto de los miembros de la Mesa Nacional de la coalición realizaron.

Indicó que la actividad de Idígoras consistió "en dar a conocer una propuesta de paz, con contenido político, y una propuesta, no nueva, sino que ya se hizo el año pasado y que ha sido recogida por los medios de comunicación, partidos políticos y asociaciones".

Por ello, a su juicio, "la actuaciónde Idígoras fue política y dentro del ejercicio de esa actividad y no constituye ningún delito de ningún tipo".

Además, también resaltó durante la vista el estado de salud de Idígoras, que permanece en la enfermería de la prisión aquejado de una insuficiencia respiratoria, así como en la desaparición de la alarma social creada por la difusión de los vídeos. Insistió, asímismo, en que Idígoras no eludirá la acción de la justicia.

Por su parte, la Asociación Víctimas del Terrorismo, personada en lacausa como acción popular, solicitó a la sala que mantenga a Idígoras la fianza de 300 millones de pesetas que inicialmente le había impuesto el juez Garzón.