El portavoz de la asociación Francsco de Vitoria, Lorenzo Pérez San Francisco, explicó a Servimedia que el Tribunal Constitucional se debe ocupar de las garantías constitucionales, mientras que la valoración de la prueba y de los hechos corresponde exclusivamente a la jurisdicción ordinaria.

Por su parte, Ricardo Bodas, portavoz de Jueces para la Democracia (JPD), señaló a esta agencia que "el enmendar la plana a otro tribunal, y en especial al Tribunal Supremo, en clave constitucional implica una instrumentación jurídica extremadamene compleja y delicada", e insistió en que lo que compete al Constitucional es única y exclusivamente evaluar desde el punto de vista del texto legal las resoluciones judiciales de otros órganos.

Finalmente, el portavoz de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), José Luis Requero, recordó, en declaraciones a Servimedia, que siempre se ha advertido de que el Tribunal Constitucional, por tener la capacidad de revisar sentencias firmes de otros tribunales, puede convertirse en un órgano de casción, pero expresó su confianza en que actúe con la suficiente mesura y autocontención, respetando el ámbito del Supremo.