Los letrados de HB aseguraron ante el tribunal que esta acusación no forma parte dl juicio y que con su personación "coloca a los acusados en una gravísima indefensión al obligarles a defenderse de una sobreacusación".

"No es acusación popular porque no hay querella, no existe carácter de parte, no hay nada de nada", aseguró José María Elosua, letrado de HB.

Este letrado solicitó, además de la retirada de la sala de la acusación popular, que se eliminen del sumario todos los escritos que ésta hayan dirigido al Supremo, y aseguró que esta acusación no ha ejercido como tal "ni ate Garzón, que instruyó previamente la causa, ni ante el Tribunal Supremo".

PERITOS GUARDIA CIVIL

Ante la recusación presentada por los letrados de HB por la prueba pericial consistente en un informe realizado por la Guardia Civil sobre el propio partido político (HB), la Asociación Víctimas del Terrorismo (AVT) había demandado cambiar la calidad de la prueba. Si previamente ésta tenía carácter pericial, ahora se solicitara que ejerciera como testifical.

A esta solicitud se sumó el fiscal José aría Luzón, quien pidió al tribunal que los peritos de la Guardia Civil declararan como testigos y que lo hicieran guardando su identidad.

Los letrados de HB se negaron a que se incorporara la prueba de los peritos, de más de 3.000 folios, y alegaron que tuvieron conocimiento de ellos tres días antes de la apertura del juicio oral.

Se negaron a que el informe sea tomado como prueba, y además en caso de que el tribunal así lo acepte, solicitaron en contra de la opinión del fiscal de conocer la idetidad de los peritos.

Iñigo Iruin, abogado de HB, alegó que últimamente la protección de los testigos se está utilizando para miembros de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado y calificó de "retórica y pobre" la solicitud del fiscal José María Luzón.

JUICIO EN EL PAIS VASCO

Tras un breve descanso tomó la palabra Kepa Landa, quien hizo un breve recorrido por las presiones "políticas y de la opinión pública" que, según él, se dan en este caso.

Citó numerosas declaraciones del presidete del Gobierno, José María Aznar, y del ministro del Interior, Jaime Mayor Oreja, recogidas en los medios de comunicación, y en las que éstos "confiaban" en una sentencia condenatoria para los miembros de la Mesa de HB.

Landa alegó el problema del alojamiento en Madrid y la presión popular, por lo que solicitó al tribunal que se constituyera en sede en el País Vasco para continuar allí con el juicio.

Finalmente, al inicio del juicio de esta mañana, Miguel Castells, también letrado de HB, anuncióuna querella ante el Tribunal Constitucional por supuestas irregularidades en la tramitación del incidente de recusación contra el magistrado José Augusto de Vega, ya que le fue negada la participación en instrucción del incidente tras ser éste aceptado por la Sala Segunda del Supremo.