Presentada de forma oficial este martes en la sede del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) en Madrid, la Formación de Facilitadores Procesales para garantizar una Justicia Inclusiva a las personas con discapacidad supone “una respuesta efectiva y necesaria” al reconocimiento de la plena capacidad jurídica a este colectivo.

Así lo apuntó en su intervención Juan Manuel Fernández, vocal del CGPJ y presidente del Foro Justicia y Discapacidad, que se refirió a la Ley 8/2021, reguladora de los apoyos a las personas con discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica.

Según Fernández, esta nueva norma reconoce el derecho de toda persona a “entender y ser entendida” en un proceso judicial como base para su “participación en igualdad”, e implica “la eliminación de barreras, físicas y cognitivas”.

Para ello, propone “una serie de recursos de apoyo, desde la adaptación de documentos a lectura fácil, al acompañamiento de figuras de confianza”. Una de estas sería el facilitador judicial, que definió como el profesional “encargado de que el juez y la persona que necesita apoyos se puedan comunicar”.

En la presentación también participó Jesús Martín Blanco, director general del Real Patronato sobre Discapacidad, del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, del que depende el Ceacog. A su juicio, la Ley 8/2021 “hablaba de la figura del facilitador procesal, pero sin desarrollarla”.

Por eso, explicó que se ha introducido "en esta la reforma del artículo 7 bis de la Ley de Jurisdicción voluntaria, referida a la obligación de llevar a cabo los ajustes y adaptaciones necesarias en todas las etapas de un proceso judicial para asegurar la participación en igualdad de las personas con discapacidad” que se vean involucradas.

El mismo artículo establece que “estas personas tienen el derecho a entender y ser entendidas en cualquier actuación que deba llevarse a cabo”, por lo que “todas las comunicaciones con ellas, orales o escritas, se harán en un lenguaje claro, sencillo y accesible, de un modo que tenga en cuenta sus características y sus necesidades, haciendo uso de medios como la lectura fácil”.

Apunta también que “se le facilitarán a la persona con discapacidad la asistencia o apoyos necesarios para que pueda hacerse entender, lo que incluye la interpretación en las lenguas de signos reconocidas legalmente y los medios de apoyo a la comunicación oral, así como que se permitirá la participación de un profesional experto que, a modo de facilitador, realice tareas de adaptación y ajuste necesarias para que la persona con discapacidad pueda entender y ser entendida".

Después se aprobó el Real decreto 193/2023, regulador de las condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad para el acceso y utilización de los bienes y servicios, que establece la necesidad de esta figura como medio de asegurar su acceso a la justicia en condiciones de igualdad, recalcó Martín Blanco.

“Sobre estas propuestas normativas, no cabía otra cosa que ser diligentes e impulsar esta figura, que es clave para asegurar que la tutela judicial efectiva nos ampara a las personas con discapacidad”, declaró antes de dar las gracias al “valioso trabajo que han realizado desde el Ceacog y la UNED”, una universidad “que siempre ha sido compañera de las personas con discapacidad”.

Aseguró que esta figura que aparece en nuestras leyes ya está siendo demandada por los operadores jurídicos, con lo que “esta formación servirá PARA otorgarle competencias profesionales y funciones concretas”. En su opinión, ”la justicia será más justa a partir de hoy”.

‘POR QUÉ UN CURSO PILOTO’

La asesora jurídica de Plena inclusión España y responsable de la gestión del Ceacog, Inés de Araoz, detalló por su parte el objetivo del curso. Busca ofrecer “un desarrollo de las competencias, funciones y perfiles profesionales de los facilitadores judiciales”, a fin de “convencer a un sistema de justicia que existe desde hace mucho tiempo y que tiene que entender su necesidad”.

Según de Araoz, “hay múltiples evidencias que demuestran las barreras que impiden la participación en igualdad de las personas con discapacidad en los procesos judiciales”. “Al mismo tiempo, los testimonios de quienes les han prestado y prestan apoyos desde hace tiempo “dan cuenta de la gran heterogeneidad” que existe dentro de este colectivo y dentro de las mismas situaciones judiciales que les pueden afectar.

De ahí la necesidad de una formación amplia y en evolución, y puntualizó que se optó por “un curso piloto para empezar porque queremos que nuestros propios alumnos, y también la experiencia, vayan aportando nuevas sensibilidades y puntos de vista a los contenidos que ofrecemos”.

Este se desarrollará del 2 de octubre al 22 de diciembre con la participación de 80 estudiantes de prácticamente toda España, si bien la demanda alcanzó 188 plazas. Sus perfiles profesionales son muy variados, indicó de Araoz, igual que los de los profesores y colaboradores del curso, 65 en total. Van desde psicólogos forenses y abogados a profesionales del mundo de la discapacidad, pasando por profesores universitarios, fiscales y agentes policiales.

CONTENIDOS

El curso comprende diez temas agrupados en bloques, donde se abordan el Perfil profesional del facilitador; el derecho a entender y a ser entendido (comunicación eficaz); el marco legal sobre acceso y participación de las personas con discapacidad en procesos judiciales, y la determinación y provisión de apoyos.

En el primer tema, se estudiarán contenidos relacionados con el origen y justificación de esta figura profesional, la experiencia comparada entre España y otros países, las limitaciones de los facilitadores procesales y el momento actual de su desarrollo.

El segundo versará sobre el modelo social de la discapacidad y el diseño de programas de apoyos, con contenidos sobre las claves éticas en cuanto a su provisión.

El apartado dos abarca los temas tres y cuatro, y se refiere a la comunicación eficaz, partiendo del derecho de la persona a entender y ser entendida. En estos se tratarán asuntos relacionados con la accesibilidad cognitiva y con los sistemas de comunicación aumentativa y alternativa.

El tercer bloque tiene que ver con cuestiones legales y comienza con el tema cinco, que aborda el Marco jurídico Sobre las personas con discapacidad en el acceso a la justicia y se ocupa de los procedimientos civiles, en especial en aquellos donde este colectivo se ve afectado con más frecuencia.

En el sexto, los alumnos estudiarán los procesos penales, incluida su ejecución, y en el séptimo, los procedimientos policiales. El octavo tema tiene un carácter eminentemente práctico, con la participación de operadores jurídicos, agentes de la policía, expertos en discapacidad, etc.

El bloque final se refiere al diseño de Medidas de Ajustes. Dentro de este, el tema nueve analizará las técnicas para la recogida de información, así como las consideraciones éticas al respecto, mientras que el último se ocupará de la realización de los informes de apoyos, estableciendo con claridad cuáles son sus diferencias frente a los informes periciales de los forenses. Además, se tratará cómo los facilitadores deben trasladar estos resultados a los agentes jurídicos y policiales.

La parte práctica del curso tendrá lugar en 11 comunidades autónomas, todas aquellas donde Ceacog tiene sedes. En ellas, los estudiantes visitarán asociaciones de personas con discapacidad para ver cómo se diseña un programa de apoyos y se pone en marcha y cómo se realizan las entrevistas a personas con discapacidad intelectual (podrán practicar ellos mismos y visualizar vídeos). Se efectuarán también visitas a dependencias policiales, así como a profesionales que trabajan en sedes judiciales (psicólogos forenses, abogados, fiscales…).

Por último, habrá una sesión protagonizada por un abogado experto, donde se analizarán casos en los que participaron personas con discapacidad y el tratamiento que se les ofreció. El curso se impartirá de forma online, y combinará sesiones síncronas, “donde todos los alumnos deberán estar conectados a la misma hora y a la vez”, con otros contenidos asíncronos, como textos, noticias, bibliografía, videoconferencias, etc, además de herramientas de comunicación tipo Chat.