Según informó hoy la Dirección General de la Policía y de la Guardia Civil, el 25 de mayo el padre del empresario denunció en España la desaparición de su hijo, por lo que tres agentes españoles se desplazaron hasta Honduras para iniciar la búsqueda.

Desde un primer momento se consideró poco probable que se tratase de un secuestro, por la inexistencia de una petición de rescate, motivo por el cual las autoridades hondureñas otorgaron a este caso la consideración de desaparición.

Durante su estancia en el país centroamericano, los agentes españoles iniciaron varias líneas de investigación, centrando finalmente sus indagaciones sobre la figura de un guardaespaldas contratado meses atrás por la víctima.

Tras varias semanas de trabajo, los agentes comisionados regresaron a España con el compromiso de las autoridades policiales hondureñas de continuar la línea de investigación iniciada.

Finalmente, el pasado 8 de agosto la policía hondureña comunicó a los responsables españoles la exhumación de un cadáver en una propiedad privada del municipio de la Villa de San Antonio.

Debido al avanzado estado de descomposición en el que se encontraba el cuerpo aún no había sido posible su identificación. Más tarde se confirmó que el cadáver, que estaba enterrado a unos 50 centímetros de pronfundidad, portaba la alianza matrimonial y la ropa que vestía cuando desapareció.

DETENCIONES

Junto con la aparición del cadáver, la policía hondureña comunicó también que, tal y como se sospechaba, el guardaespaldas había participado en los hechos, siendo arrestado por este motivo.

Además fueron detenidas otras tres personas presuntamente implicadas en el homicidio, el autor intelectual y dos jóvenes delincuentes locales contratados para matar al ciudadano español.

El inductor del homicidio era una persona de confianza de García Rubio y gestionaba varias propiedades y una cuenta bancaria cedidas por éste, para evitar una posible intervención judicial derivada de un litigio mantenido por la víctima con su mujer.

Según se deduce de la investigación de la policía hondureña, el depositario de estos bienes habría realizado un uso indebido del dinero y decidió acabar con la vida del ciudadano español para no tener que darle explicaciones.