La tres haciendas vascas aseguran que pretenden favorecer la inversión empresarial y el empleo. El proyecto fija además un tipo especial del 30 por ciento para pequeñas y medianas empresas con beneficios inferiores a 10 millones de pesetas y un régimen especial para las empresas que salgan por primera vez al mercado en la Bolsa de Bilbao, con un rebaja del tipo impositivo hasta el 25 por ciento durante los tres primeros años.

El nuevo marco fiscal incluye además medidas que fomenten el reparto del trabao y la creación de pymes, a las que se dota de una nueva serie de ayudas.

Por primera vez, una normativa europea contempla que las empresas que reduzcan la jornada laboral en un 10 por ciento e incrementen un 10 por ciento el empleo se beneficiarán de una rebaja de la cuota de un 35 por ciento.

Con el fin de favorecer la creación de empleo se deducirán de la cuota líquida 550.000 pesetas al año por cada nuevo trabajador en plantilla y 750.000 si se trata de trabajadores minusválidos.

Además,se fijan deducciones por la realización de actividades de investigación y desarrollo, de exportación y de conservación y mejora del medio ambiente.

Otros aspectos destacados son la deducción por inversión en activos fijos nuevos, la exención por reinversión, la aplicación del coeficiente 1,5 en las amortizaciones de medianas empresas y la aplicación de la libertad de amortización para pequeñas empresas.

El diputado de Hacienda de Vizcaya, Fernando Olmos, considera que la bajada del tipo de interé "incentiva la inversión en el tejido empresarial y contribuye a generar empleo".

El PSOE vasco, socio de gobierno del PNV en los tres ejecutivos forales, fue muy crítico frente a estas medidas, por considerar que incentivaban la economía financiera. Sin embargo, la introducción de medidas a favor del reparto del trabajo y de la contratación estable hizo que los socialistas cambiasen de postura.

El PP se muestra contrario a la creación de 'paraísos fiscales' en las tres provincias vascas y muestr su desconfianza por lo que considera agravios comparativos con otras comunidades autónomas.

El Gobierno cántabro se ha manifestado en varias ocasiones contrario a la rebaja del Impuesto de Sociedades en Euskadi y baraja pedir a cambio una compensación de la Administración central, a través de los Presupuestos Generales, por la pérdida de ingresos que pueda sufrir la región.

Olmos descarta que la Administración central recurra la nueva norma por considerar que esta actuación se encuentra respaldaa por el pacto suscrito entre el PP y el PNV, y califica de "crítica fácil y rentable" las protestas de otras comunidades autónomas que "deben pedir que se les iguale la situación, en vez de impedir que otros la mejoren".