Para Funtes Quintana, los responsables de Hacienda han abandonado cualquier intento de seguir aplicando con energía, "como hubiera sido conveniente", una política tendente a consolidar el gasto público y reducir su participación en el PIB.

A su juicio, la principal causa de este comportamiento es de carácter político, en virtud de la cual se impulsa el gasto "como la alternativa electoral preferible a la menos lúcida, pero más eficiente, de disminuir el déficit público".

Fuentes Quintana opina que, aunqe el aumento del gasto pueda enmascarse gracias a los aumentos de la recaudación fiscal, "tenderá a convertirse -como, de hecho, ha ocurrido en España- en un factor poderoso de inestabilidad".

El director de la FIES señala que el aumento de la presión fiscal en los últimos quince años ha sido del 13,4 por ciento, incremento sin parangón en otro país de la OCDE, con el agravante de que se ha repartido "de forma defectuosa".

El defecto consiste, a su juicio, en que se ha cargado el aumento de la prsión tributaria en los impuestos sobre la renta y el patrimonio de las familias, y en el impuesto de sociedades y las cuotas patronales a la Seguridad Social, mientras que no se ha utilizado debidamente la tributación sobre el gasto.

Además, la forma en que el incremento de la presión fiscal se ha repartido "ha conculcado los principios fundamentales de la imposición", porque la recaudación "no ha sido capaz de financiar en ningún ejercicio económico el gasto público".

La falta de equidad en el amento del gasto obedece sobre todo al elevado nivel de fraude fiscal, sobre todo en el IRPF, que, según estimaciones oficiales, se sitúa en el 44,9 por ciento (un 28,7 por cien para los rendimientos del trabajo y un 69,6 por cien para los demás).

Estimaciones igualmente oficiales citadas por Fuentes Quintana consideran que el fraude del IVA afecta al 28 por cien de la recaudación potencial y que, en lo que se refiere a la Seguridad Social, el 27 por cien de los trabajadores están situados al margen deella.

LA RESPONSABILIDAD DEL PSOE

En su análisis, Fuentes Quintana atribuye el origen del déficit público durante el periodo que transcurre entre 1979 y 1982, cuando se elevó hasta representar el 5,6 por ciento del PIB, a "los gobiernos débiles de UCD y la fuerte oposición del PSOE".

Su mantenimiento posterior ha obedecido a las presiones desatadas por los distintos grupos sociales ante sus necesidades económicas, "a las que ha accedido el poder político en numerosas ocasiones para atraer volunades y votos, sin asentar una disciplina financiera que el Presupuesto era incapaz de implantar".

Para acabar con este fenómeno, Fuentes cree necesaria reformas que disminuyan el fraude fiscal, reduzcan el déficit público y apliquen el principio de responsabilidad fiscal de las haciendas territoriales.

En su opinión, estas reformas "constituyen una condición necesaria para el acercamiento de la economía española a los niveles de producción y bienestar de los países de la CE", lo que exige un cambo en el comportamiento de la hacienda pública.