Este organismo, dependiente del Ministerio de Economía, cubre no sólo los daños producidos por acciones terroristas a quienes dispongan de los seguros citados sino también los causados por acciones de las Fuerzas Armadas o las Fuerzas de Seguridad en el cometido de su trabajo.

Eso permitirá obtener indemnizaciones económicas por los daños causados por la explosión realizada por los Técnicos de Desactivación de Explosivos (TEDAX), que provocó desprfectos graves en cinco edificios, al romper cristales y persianas, tabiquería, ascensores, y servicios de agua y alumbrado, principalmente.

El seguro también cubre a los coches, pero en esta caso no basta con tener el seguro obligatorio de responsabilidad civil por daños a terceros, sino que es preciso haber suscrito una póliza por incendio o robo del vehículo, como mínimo.

El importe de las indemnizaciones está en función del cálculo de daños que realicen los peritos del Consorcio y de lo que tngan asegurado los beneficiarios. Las solicitudes de indemnización no tienen plazo límite y basta con presentarlas en las oficinas de dicho organismo, aportando la documentación que acredite la titularidad del seguro.

Las personas que hayan suscrito un seguro no reciben indemnizaciones a través del Consorcio, y han de conformarse con las ayudas que, desde la Ley de Presupuestos del Estado, otorga el Ministerio del Interior.

Estas ayudas de Interior, a fondo perdido, están limitadas a viviendas (n a locales comerciales) y cubren sólo las reparaciones que sean imprescindibles para hacer habitable la vivienda.

MAS DE 15.000 BENEFICIARIOS

Por otra parte, las fuentes del Consorcio consultadas señalaron que, entre 1971, año en que comenzó la ascensión de la actividad de ETA, y 1992, este organismo pagó 12.400 millones de pesetas a las personas afectadas por siniestros terroristas.

Las personas y bienes afectados por los atentados, desde casas y coches hasta los concesionarios de automóviles tacados por la campaña anti-francesa de ETA, fueron más de 15.000, principalmente en Madrid y el País Vasco.

Los mayores "picos" de siniestralidad se dieron en 1982 y 1987, cuando el Consorcio pagó 2.786 y 2.007 millones de pesetas. En el primero de esos años hubo un atentado contra un edificio de Telefónica en la madrileña calle de Rios Rosas y en el segundo se produjo la tragedia del Hipercor de Barcelona.

Para pagar las indemnizaciones por terrorismo, el Consorcio se financia mediante un recaro impuesto sobre las pólizas de seguros convencionales, que las compañías de seguros recaudan por cuenta del organismo público.

Para cobrar las indemnizaciones del Consorcio por daños terroristas, basta con tener suscrita alguna de las pólizas más comunes del mercado: incendio, robo, rotura de cristales, avería de maquinaria o accidentes personales, si se trata de daños a las personas, que también están cubiertos.