Según informaron a Servimedia fuentes del Ministerio de Economía, la campaña, que se realizará en todos los canales televisivos, tendrá unos tintes más "suves" que la realizada a través de los folletos remitidos por Hacienda a 1,6 millones de contribuyentes sospechosos de ser titulares de "dinero negro".

Los anuncios de televisión se dirigen preferentemente a los contribuyentes que sí cumplen con sus obligaciones fiscales, a fin de explicarles que la regularización tiene por objeto "que los que no pagan se pongan a su altura".

La campaña televisiva se prolongará hasta primeros de diciembre, y será complementada con otras en los restantes medios de omunicación, mientras que Hacienda proseguirá al mismo tiempo con su ronda de citaciones personales a los potenciales defraudadores.

La deuda pública especial intercambiada hasta ahora por los titulares de pagarés del Tesoro, en el marco de la regularización fiscal emprendida por Hacienda, asciende a 12.128,5 millones de pesetas, un 0,6 por cien del saldo vivo de estos títulos.

La última operación de intercambio, realizada el pasado jueves, dio el resultado más positivo de todas las efectuadas dede el inicio de la regularización, al intercambiarse pagarés por deuda en un importe de 2.341,9 millones.

Los expertos fiscales estiman que quienes opten por cualquiera de las dos opciones de regularización fiscal, el canje de pagarés por deuda especial o las declaraciones complementarias, pagarán aproximadamente un 55 por ciento menos que si hubieran abonado los impuestos en su día.

Además, Hacienda se ha comprometido a no realizar inspecciones adicionales a quienes regularicen "correctamente" s situación. El Fisco tiene previsto concentrar sus esfuerzos en los contribuyentes que no se hayan acogido a la regularización y presenten indicios de haber cometido fraude, en virtud de los bajos rendimientos declarados.

El contribuyente descubierto en esa situación se arriesga a que Hacienda le exija las rentas y patrimonios ocultados y las correspondientes sanciones, que irán del 50 al 300 por ciento de las cuotas no ingresadas, según los casos.