Así consta en el plan, que hoy publica el Boletín Oficial del Estado, y que tienen también como eje principal la lucha contra el fraude inmobiliario mediante un "seguimiento detallado" de las promociones urbanísticas.

Según Hacienda, las tramas de fraude en el pago del IVA, el sector inmobiliario y el blanqueo de capitales son las áreas de investigación prioritaria del Ministerio, que ha optado por levantar la presión sobre las meras comprobaciones y apostar por la investigación.

"Se valorarán más las actuaciones complejas y de investigación que las comprobaciones formales", dice la Agencia Tributaria.

En el capítulo inmobiliario, se prevé un "control integral" que examinará desarrollos urbanísticos, recalificaciones de terrenos y promociones, investigando la actividad del promotor y las operaciones de venta realizadas.

También se controlarán todas las inversiones realizadas en inmuebles tanto por particulares como por sociedades interpuestas.

Asimismo, se intensificará la comprobación de los rendimientos de capital inmobiliario, ganancias de patrimonio y actividades económicas, así como el control de determinadas exenciones y deducciones.

EXTERIOR

El plan de la Agencia Tributaria hará especial hincapié sobre las adquisiciones intracomunitarias exentas de IVA en el país de origen y, para evitar fraudes en este impuesto, obligará a los importadores a estar inscritos en el Registro de Operadores Intracomunitarios, al que se negará el acceso a aquellas sociedades cuyos administradores estén implicados en tramas de fraude.

Otras de las áreas de riesgo sobre las que se va a actuar son la adquisición intracomunitaria de vehículos de alta gama, para controlar que se declare el valor real del vehículo y se abone el correspondiente Impuesto Especial sobre Determinados Medios de Transporte.

Se vigilará también las importaciones fraudulentas procedentes de Asia, las falsificaciones de marcas y la economía sumergida.

Para todo esto, según ha explicado el ministro de Economía, Pedro Solbes, se contará además con la colaboración de los sectores implicados ya que, en algunos casos, la actuación de "piratas" perjudica la libre competencia y, por tanto, a quienes compiten respetando las normas.