Estos datos fueron avanzados hoy por el director general del Instituto de Estudios Fiscales, Miguel Angel asheras, durante un encuentro con periodistas en el que defendió la regularización fiscal argumentando que, aunque no haga aflorar la mayor parte del "dinero negro", permitirá ser más duro con los defraudores.

Lasheras aseguró que no se trata de entrar en campañas de amedrentamiento de los contribuyentes sino de que la Inspección Fiscal consiga que los defraudadores paguen el coste establecido por su conducta, tanto económica como penalmente.

Señaló asimismo que el escaso volumen de pagarés del Tsoro intercambiado hasta ahora por deuda pública especial (menos de 10.000 millones de pesetas) también puede explicarse por el hecho de que la segunda tiene un tipo de interés más bajo, del 2 por ciento, lo que hace más rentable esperar hasta el último momento para cambiarla.

CRUCE DE DATOS

Lasheras adelantó el resultado de los "cruces" de datos que está realizando Hacienda para detectar a los grandes defraudores fiscales contra los que lanzará a sus inspectores a partir del 1 de enero de 1992.

Los resultados más llamativos de esos "cruces" son que 16.000 personas que declaran menos de 2 millones de pesetas en el IRPF tienen valores mobiliarios de más de 10 millones.

Por lo que se refiere al IVA, Hacienda ha detectado a más de 43.000 empresas no declarantes del impuesto, de las que 3.000 habían efectuado unas ventas anuales de más de 100 millones.

La detección de estos defraudadores ha sido posible cruzando sus datos con los de otros contribuyentes en la Base de Datos de que dispone laDirección General de Informática Tributaria.

El responsable de esta dirección general, Santiago Martín, explicó el pasado mes de julio en Santander que casi el 20 por ciento de los 21,5 millones de españoles registrados en su Base de Datos presenta alguna "incongruencia" en sus declaraciones fiscales.

Precisó que no todas las "incongruencias" son necesariamente fraude "pero sí en muchos casos" y reconoció que el ministerio no tiene capacidad para investigar a ese 20 por ciento de potenciales defrudadores.