Así lo aseguró la ministra durante la rueda de prensa de presentación de los datos de recaudación tributaria de 2021, en la que, preguntada por la decisión del TJUE sobre este modelo con el que los contribuyentes deben declarar sus bienes en el extranjero, respondió que “el Gobierno pretende que antes de que expire el plazo de presentación del modelo -el 31 de marzo- se haya corregido”.

Asimismo, Montero recordó que se trata de un modelo aprobado en 2012 por el Gobierno del Partido Popular en la misma época en la que dicho Ejecutivo aprobó la amnistía fiscal, y aseguró que en el Gobierno actual “veníamos siguiendo de cerca” la sentencia y “trabajando en su corrección”. Por ello, afirmó que el modelo será reformulado “de forma rápida, una vez leamos con detenimiento la letra pequeña de lo que hay que corregir”.

En cualquier caso, la ministra apuntó que se trata de “una declaración informativa” y que el modelo y la obligación de presentarlo “sigue estando vigente”, mientras que la decisión del TJUE lo que sujeta a revisión son los plazos de prescripción y la cuantía de las sanciones.

Con el objetivo de lograr una corrección lo más rápida posible, la titular de Hacienda adelantó que la preferencia del Ejecutivo es introducir la reforma del modelo 720 “utilizando alguna de las leyes que están en tramitación en el Congreso o en el Senado”, en lugar de mediante un real decreto ley, una vez el Gobierno haya estudiado los plazos de prescripción y la proporcionalidad de las sanciones que se puedan aplicar.

En cuanto al número de contribuyentes a los que afecta esta cuestión, Montero indicó que son en torno a 60.000 los que lo presentan anualmente, por lo que es “un volumen limitado de personas”, y explicó que “en los últimos tres años no se ha impuesto prácticamente ninguna sanción sobre este modelo precisamente para no atender ahora a la circunstancia que pudiera producir el tribunal como es la nulidad de esas sanciones”.

Sin embargo, recordó que “antes de la llegada del gobierno progresista a Moncloa se había puesto en marcha un grupo de sanciones que según la Agencia Tributaria podría alcanzar como límite máximo unos 230 millones de euros”, por lo que, una vez vista “la letra pequeña” de la sentencia, se podrá determinar si afecta a la totalidad de esas sanciones o solo a una parte.

Por último, Montero indicó que el importe en términos brutos desde la vigencia del modelo 720 está en torno a 225.200 millones de euros.