Según explicó en rueda de prensa Fernández Ordóñez, la sentencia de Bruselas declara ilegal la normativa española que limita el derecho de las entidades que reciben subvenciones públicas a deducirse ese impuesto.

"Los cálculos sobre el impacto que podrían tener estas devoluciones no los tenemos porque las cuentas no son inmediatas y llevan un proceso, pero no serán muy importantes y se han magnificado", indicó.

En este sentido, Fernández Ordóñez manifestó que el importe que finalmente resulte se afrontará junto a otros gastos que "sí son verdaderamente elevados".

Entre los gastos a los que tiene que hacer frente el Estado para el cierre del año figuran los 1.365 millones de euros que se pagarán a las comunidades autónomas como anticipo de tesorería para mejorar su financiación sanitaria, el pago excepcional a la Unión Europea por la revisión del PIB o la venta de Izar, entre "una larga lista de importantes pagos".

"Frente a los gastos que tenemos que afrontar en los próximos meses, las devoluciones del IVA no será un tema muy importante", finalizó.