Este descenso en la recaudación por inspecciones, explican, se debe a su negativa a "ultimar" las actas de inspección, es decir, determinar la cuantía que debe exigirse al contribuyente inspeccionado y la forma de requerirle su deuda con Hacienda.

La tarea de "ultimar" actas, afirman, sólo se les reconoce legalmente a los jefes de las unidades de inspección y, por tanto, cualquier expediente ltimado por un subinspector corre el riesgo de ser recurrido y anulado en un tribunal.

Para corregir la situación, la Agencia Tributaria sacó una resolución el pasado mes de marzo que, según los subinspectores, "mantiene y reafirma la infrautilización de este colectivo y consolida un situación de retroceso sin precedentes en los objetivos de la lucha contra el fraude fiscal".

Ahora, los subinspectores piden el cese del director general de la Agencia Tributaria, José Aurelio García, al que acusan e "haber dificultado conscientemente la resolución del conflicto" y de "impulsar medidas coercitivas que van desde amenazas de expediente disciplinario hasta retiradas injustificadas de productividad".

De momento, según los subinpectores de Hacienda, además de la caída de recaudación de actas, se ha inspeccionado a un 60% menos de contribuyentes que el año pasado. "Ello", afirman, "sin contar con el peligro cada vez más cercano de que prescriban periodos comprobados de expedientes que se están acumulado en los despachos a la espera de que sean 'últimados' por los jefes de unidad".