Alegan que el Gobierno y los tribunales no les reconocen capacidad legal para desempeñar las funciones que, sin embargo, les exige la Agencia Tributaria, y aseguran que contribuyentes afectados por sus expedientes pueden anularlos en los tribunales, con el correspondiente quebranto para las arcs públicas.

Por el momento, los subinspectores aseguran que seguirán sin "ultimar" los expedientes que ellos han realizado, es decir, la cuantificación de la deuda con el Fisco, la redacción y levantamiento del acta y su firma, tareas que sólo se les reconoce legalmente a los jefes de unidad.

Con el objetivo de poner fin a la polémica, Hacienda dictó el pasado 24 de marzo una resolución que, según la vicepresidenta de los subinspectores tributarios, Alicia Arteta, habilita a los jefes de unidadesinspectoras a delegar su firma en ellos, pero la rechazan porque lo consideran un experiemnto que no sirve para solucionar el conflicto y además se aplicará sólo en algunas zonas de España.

A juicio de este colectivo profesional, dicha resolución sólo aumenta la ambigüedad legal que ha dado lugar al conflicto y las posibilidades de que los contribuyentes afectados por actas puedan buscar las vueltas legales para librarse de Hacienda. "Existen motivos sobrados para recurrir dicha resolución y se hará",afirmó Arteta.