El Comisariado Europeo del Automóvil, organización privada de defensa del automovilista, solicitó a Hacienda el pasado mes de diciembre que cancelara el cobro de estas multas, cuyo valor podría alcanzar los 10.000 millones de pesetas.

"Las multas que serán anuladas son las que han cumlido el periodo de ejecución, es decir, las que habían prescrito por haber pasado más de un año desde que fueron firmes", explicó un portavoz de CEA.

Estas multas son recaudadas habitualmente por los servicios municipales o a través de Hacienda, que las descontaba de las devoluciones del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.

Muchas de las multas cobradas, tanto por Hacienda como por los servicios municipales, eran anteriores a la promulgación de la nueva Ley de Seguridad Víal, de abrildel pasado año, que impuso la obligatoriedad de que el conductor sea identificado para poder sancionarle.

Un portavoz de CEA manifestó que "casi todas las multas de aparcamiento y las provocadas por circular a mayor velocidad de la permitida se encuentran en este grupo, ya que no se identifica al conductor, por lo que el supuesto infractor podría acogerse al principio de retroactividad de la norma más favorable, que en este caso sería la Ley de Seguridad Víal".