Según informó el Gobierno en la referencia de acuerdos adoptados por el Consejo, Cataluña había solicitado autorización para formalizar operaciones de deuda a corto plazo para atender necesidades transitorias de la Generalitat y del Instituto Catalán del Suelo (Incasol), perteneciente al sector administraciones públicas de dicha comunidad autónoma, del ejercicio 2022.

Esta autorización solo podrá amparar operaciones formalizadas hasta el 31 de diciembre de 2022.