Durante su participación en el seminario sobre la inversión y el ahorro en el nuevo marco fiscal, celebrado en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP), Cruz explicó que el "lavado decupón" consiste en colocar la titularidad de deuda pública o privada en manos de un no-residente en España.

"De esta forma", señaló, "queda exento de tributar por este tipo de inversiones, para evadir así los impuestos que debería pagar por su condición de residente".

El responsable de Tributos indicó que el sistema que se pretende aplicar es diferente para la deuda pública y la emitida por las empresas.

"En la primera", dijo, "se busca agilizar el posible trámite de devolución de las retencones realizadas mediante una acreditación de la residencia ante el Banco de España".

Por otra parte, en el caso de la renta fija privada se establece un plazo de 60 días antes del vencimiento para comunicar dicha residencia, comprometiéndose ante las autoridades tributarias a que la persona que cobre la liquidación de la dueda sea la misma que la poseía dos meses antes del vencimiento.

"La medida afectará también", continuó Cruz, "a las entidades intermediarias nacionales y extranjeras que, en cao de incumplir los trámites previstos, serán los responsables de la irregularidad".

Concretamente, las sociedades de gestión de deuda exteriores no podrán percibir la devolución de las retenciones practicadas a las que tendrían derecho, en tanto no se compruebe efectivamente la titularidad y residencia del destinatario último de las cantidades abonadas por el fisco.

"De esta forma, Hacienda quiere evitar que dichas sociedades intermediarias actúen como tapaderas de subscriptores nacionales de deua en el exterior", indicó Cruz.

Miguel Cruz informó también que el decreto que aprobará mañana el Gobierno sobre identificación de los paraisos fiscales, incluye a Luxemburgo, "no por el régimen fiscal de su Gobierno, sino por el tratamiento tributario que disfrutan las sociedades 'holding' allí asentadas".

En el mismo seminario de la UIMP, el gerente de la consultora Arthur Andersen, Ricardo Gómez, aseguró en días pasados que esta medida se completará antes de 1992, con una normativa que impidalos empresarios españoles crear una sociedad "holding" en paraisos fiscales para gestionar sus negocios en España.

"Así se evitará", matizó, "que disfruten de las excepciones fiscales que existen en los paises donde están inscritas las cabezeras de su grupo empresarial".