Tras la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera del pasado 7 de febrero, el Gobierno planteó a las comunidades autónomas que entregaran antes del 31 de marzo un análisis del funcionamiento del actual sistema de financiación, de 2001.

Sin embargo, Hacienda considera que, ante la complejidad de la información a remitir, las comunidades autónomas pueden contar con algo más de tiempo para enviar sus informes al Gobierno.

El plan del Ejecutivo es, una vez recibidos los informes de los gobiernos autonómicos, dar inicio a los trabajos de un grupo técnico que analizaría las aportaciones de las regiones.

Tras los trabajos de este grupo técnico, el Gobierno quiere tomarse el último trimestre del año para tratar de consensuarla con las comunidades autónomas. Todo el año 2007 quedaría para la tramitación parlamentaria de la reforma, que ha de articularse a través de ley orgánica.

El nuevo sistema de financiación, que tomará como base el establecido en el Estatuto de Cataluña, establece que las autonomías recaudarán un mayor porcentaje de IRPF, IVA e impuestos especiales.