Este es el diagnóstico del catedrático de Hacienda Pública de la Universidad Complutense de Madrid, José Manuel González-Páramo, en el libro "Costes y beneficios de la disciplina fiscal: La Ley de Estabilidad Presupuestaria en perspectiva", recientemente editado por el Instituto de Estudios Fiscales.

"Es obvio", sñala González-Páramo, "que las comunidades autónomas y las corporaciones locales dejarán de tener abierta la opción de financiar su gasto con déficit permanente, pero es más dudoso que esta restricción limite su autonomía competencial y financiera, máxime cuando la administración central -titular de las competencias de coordinación de la política presupuestaria- queda sujeta a límites y sanciones más severos".

Para el catedrático de Hacienda Pública, "lejos de ser gratuito, el objetivo de equilibrio pesupuestario -menos ambicioso que el adoptado por otros países de la UE- es una respuesta al aumento tendencial de gastos públicos que se registrará en los dos próximos años, y particularmente los derivados del envejecimiento de la población".

A su juicio, "a falta de reformas estructurales que recorten estos compromisos, la acumulación de deuda pública implícita -esto es, no reflejada aún en las cuentas públicas convencionales- requiere una reducción de la deuda explícita para acomodar parcialmente eos crecimientos del gasto".

González-Páramo asegura que las restricciones al déficit no significan una limitación de la capacidad del presupuesto para estabilizar los ciclos de la economía, porque "se estabiliza con más grados de libertad desde el superávit" y porque "la experiencia española del último cuarto de siglo y la evidencia comparada permiten argumentar precisamente en sentido contrario".

También sale al paso de la crítica de que el equilibrio presupuestario sacrifica las necesidades de nversión pública. Señala, a este respecto, que "no es discutible la conveniencia de seguir reduciendo la brecha de infraestructuras que separa a España de los países más avanzados de la UE", y que "flaca contribución a la estabilidad y el crecimiento sería la de una ley que equilibrase las cuentas públicas a costa del potencial de crecimiento".

"Pero igualmente frágil", añade, "sería la derivada de una defensa indiscriminada de los gastos de capital físico, con frecuencia ajena a criterios de rentabildad social a largo plazo".

En conclusión, González-Páramo se muestra convencido de que "un marco de estabilidad y transparencia como el que introduce la ley, calificada por algunos organismos internacionales como una de las más avanzadas del mundo industrializado en materia presupuestaria, es el mejor incentivo para desarrollar los criterios de eficiencia en el gasto".