En virtud del cambio, los aspirantes a la Administración pública balear deberán acreditar de forma obligada el conocimiento de la lengua autóctona.

La modificación afecta al artículo 45 de la citada ley, que en la nueva redacción indica textualmente que "en las pruebas selectivas que se realicen para el acceso a las plazas de la Administración de ámbito territorial de las Islas Baleares se debe acreditar el conocimiento de la lengua propia de la comunidad autóoma en expresión oral y/o escrita, respetando plenamente el principio de proporcionalidad (...) relacionado con las plazas o funciones de las que se trate".

Anteriormente, el conocimiento del catalán era "un mérito" en las pruebas de selección del funcionariado autonómico. A partir de la publicación de la ley en el Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma, en los próximos días, se habrá convertido en "un requisito".

El Gobierno Balear desarrollará esta ley mediante reglamentos que determinen, en ada puesto de trabajo, el nivel de conocimiento de la lengua que va a ser exigido. Los niveles pueden ir desde un conocimiento oral mínimo hasta la necesidad de hablar y comprender a la perfección la forma oral y escrita del catalán.

Los grupos políticos de la oposición (PSOE, IU, Unió Mallorquina y otras formaciones nacionalistas) se abstuvieron en la propuesta de modificación de la ley de la Función Pública. Califican como "positivo" el avance respecto a la anterior redacción de la ley, pero lo consderan "insuficiente".

La oposición vio rechazadas sus enmiendas para que el artículo obligase al conocimiento "oral y escrito", eliminando la conjunción disyuntiva "o" que figura en la redacción definitiva del artículo 45.

La modificación finalmente avalada por el grupo popular supone un paso más en la nueva política lingüística del presidente autonómico Cristòfol Soler, que sustituyó en el cargo de Gabriel Cañellas.