Krakenberger explicó que José Juan Hormiga, "al declarar contra funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, debería ser declarado con urgencia testigo protegido". Añadió ue "esa protección debe ser real y eficaz".

Además, el presidente de AI en España pidió que los agentes de policía que se encontraban en la comisaría en el momento del fallecimiento de Fonseca "deberían ser, como medida cautelar, apartados de un servicio de contacto con el público, con los administrados, con las personas que se suponen que tienen que proteger".

Por otro lado, Krakenberger recordó que AI ha denunciado reiteradamente "la impunidad de facto en casos de tortura y en casos de malos trtos en los últimos años en España".

En este sentido, afirmó que "cuando en un caso de estos llega una sentencia firme, observamos, tras muchos años de litigio, indemnizaciones irrisorias y además hemos observado que bastantes funcionarios encargados de hacer cumplir la ley condenados en firme, lejos de ser apartados del servicio, son, incluso, promocionados dentro de su propio cuerpo, lo cual no es muy alentador".