En un comunicado difundido por la Oficina de Información Diplomática (OID), el Gobierno indica que los periodistas expulsados "cumplían con sus obligaciones informativas como lo hubiera hecho cualquier otro profesional", y afirma que la decisión de expulsarles de Guinea Ecuatorial no parece justificada.

Señala, asimismo, que esta expulsión no es cohrente con la "importante decisión que, en su día, tomó el Gobierno guineano, consistente en permitir la asistencia a las sesiones del juicio sumarísimo a todos aquellos representantes de medios de comunicación y observadores internacionales que lo desearan".

El Ministerio de Asuntos Exteriores estima que la expulsión de los periodistas españoles "perjudica la imagen del Gobierno de Guinea Ecuatorial en un momento del proceso de reformas políticas iniciado por el presidente Obiang, en que es particularente necesario el apoyo de la comunidad internacional".