Guerra recordó en los pasillos del Congreso que algunas voces, entre ellas la suya, habían advertido "problemas de constitucionalidad" en el proyecto aprobado por el Parlamento catalán, y celebró que los acuerdos alcanzados vayan "en la buena línea" para superarlos.

Alertó, sin embargo, de que aún queda trabajo por hacer para saber si esos acuerdos han sido "un éxito total" o no, y eso sólo será cuando queden plasmados en un texto con repercusiones jurídicas.

Eso será cuando la ponencia designada por la Comisión Constitucional que él preside concluya el informe sobre la reforma, algo que sucederá, según las previsiones, a finales de marzo o comienzos de abril.

Explicó que dentro de un par de semanas, aproximadamente, esa ponencia será elegida en una reunión de la Comisión Constitucional convocada al efecto.

Guerra criticó la intención del PP de promover una consulta a los ciudadanos de todo el Estado sobre esta reforma y la atribuyó a una estrategia más "electoral" que centrada en el asunto medular de las consecuencias del texto final.

Argumentó, para avalar su tesis, que si los dirigentes del PP hubieran "meditado o consultado" su iniciativa, se hubieran dado cuenta de que "no es posible" legalmente.

"Obedece a un uso legítimo en sí mismo de los partidos políticos, que es la agitación y la propaganda, pero que es accesorio cuando se tocan temas medulares", remachó.

Guerra no cree que estas discrepancias entre PSOE y PP ante la reforma catalana afecten a la valenciana, en la que existe un acuerdo global.

De hecho, explicó que no cree que existan modificaciones del informe de la ponencia, que está ya prácticamente concluido y que debe ser elevado a la Comisión Constitucional, probablemente el próximo 2 de febrero.