En una de estas iniciativas parlamentarias, a las que tuvo acceso Servimedia, Blanco pregunta directamente al Ejecutivo si ha dado instrucciones para "entorpecer la tramitación de los procedimientos derestitución o compensación al PSOE de los bienes y derechos incautados por el régimen de Franco".

El dirigente socialista argumenta que ha pasado más de un año desde que el PSOE presentó su primera solicitud, y más de siete meses desde que formuló la última, y el Consejo de Ministros sólo ha resuelto un expediente.

Además, le pregunta si ha dado algún tipo de instrucción o la ha respaldado para que el PSOE no haya tenido acceso preferente a los archivos y registros públicos, tal y como prevé la ctada norma.

En este punto, Blanco asegura que, excepto el del Ministerio de Hacienda, "ningún otro archivo público ha puesto a disposición del PSOE toda la documentación obrante en su poder en materia de incautaciones".

Por el contrario, afirma que los socialistas se han visto sujetos "a todos los obstáculos que supone la limitación de peticiones por día, libros inaccesibles por estar en restauración, confusos criterios de clasificación", lo que considera que incumple la ley aprobada en 1998.

IVENTARIO EXTRAVIADO

En el caso concreto del Archivo General de la Administración, Blanco denuncia que este organismo no ha facilitado al PSOE la información contenida en el Inventario de Bienes Incautados, a pesar de las reiteradas solicitudes.

Por ello, pregunta al Ejecutivo si ha dado instrucciones a los responsables de este archivo para que no faciliten este inventario al PSOE. "¿Debe considerarse que el citado documento se ha extraviado?", cuestiona el dirigente socialista.

Blanco denunca además en estas iniciativas que una sola funcionaria se está encargando de instruir los expedientes derivados de las solicitudes presentadas por el PSOE, lo que demuestra, a su juicio, las deficiencias de la instrucción y la lentitud de la tramitación.

En otra de sus iniciativas, Blanco cita unas declaraciones del subsecretario de Hacienda, Rafael Catalá, en las que reconoce que el Reglamento que desarrolla esta ley "es muy restrictivo y complicado de aplicar".

Con este argumento, pregunta al Eecutivo si el Gobierno o alguno de sus ministros dieron instrucciones para redactar ese reglamento en estos términos con objeto de dificultar la aplicación de la ley, "contraviniendo de este modo su finalidad y espíritu".