Indicó que la 'número dos' del PSM y secretaria de Organización, Trinidad Rollán, y la diputada del PSM en la Asamblea de Madrid Esperanza Rozas declararon hoy como imputadas ante el juez de Instrucción número 4 de Torrejón de Ardoz por la presunta comisión de un delito de prevaricación, y aclaró a Gómez "algunos conceptos jurídicos y éticos".

Tras recordar que Gómez se refirió a este caso señalando, para darle poca importancia, que era un acto de prevaricación administrativa, explicó que la prevaricación es un delito castigado por el Código Penal en los artículos 404 y siguientes.

"La prevaricación de las autoridades y funcionarios públicos es un delito grave pues atentan contra la Administración Pública aquellos que son sus servidores y a los que les es exigible por ello una conducta impecable", dijo Güemes.

A su juicio, la prevaricación de las autoridades y funcionarios públicos supone un "comportamiento injusto y cae dentro de lo que podemos denominar como corrupción política".

Destacó que "la distinción entre prevaricación "administrativa", como la ha denominado Tomás Gómez, y otras conductas ilícitas (como la prevaricación "judicial") es sumamente artificiosa pues ambas atentan contra bienes jurídicos relevantes como es la prohibición de actitudes injustas y arbitrarias por parte de servidores públicos contra la Administración Pública y la administración de Justicia".

Por otro lado, tras indicar que la presunción de inocencia es un principio fundamental de todo Estado de Derecho, destacó que él "siempre la ha defendido y la defiendo con respecto a Trinidad Rollán, los dos imputados del Grupo Socialista en la Asamblea de Madrid por este delito y a todos los ciudadanos".

Güemes aseguró que Gómez "sólo defiende la presunción de inocencia para los cargos del Partido Socialista y se olvida de este principio para el resto de los ciudadanos".