Según declaró a Servimedia Florencio Garrido, secretario general de la ANGC, ninguno de los guardias civiles está obligado a desarrollar otras tareas que no sean las que se corresponden con sus obligaciones como miembros de la Fuerzas de Seguridad del Estado. No obstante, recuerda que estas circunstancias están expresamente prohibidas por el reglamento interior de la Benemérita.

Según la denuncia que han realizado los representantes dela ANGC en los citados cuarteles, el procedimiento consiste en una oferta que desde la jefatura del cuartel respectivo se hace entre los miembros del Cuerpo para ocupar otras plazas ajenas al servicio, como la de camareros, carpinteros y otras similares.

Florencio Garrido explicó que "en estos cuarteles se anuncia por ejemplo que hacen falta dos camareros, y claro, hay muchos guardias civiles que piensan que antes de estar en la calle se meten allí de camareros, donde estarán más seguros".

La últma denuncia que ha sido presentada afecta al servicio de restauración del cuartel de la Benemérita en Almería. Garrido señaló que la queja ha sido interpuesta formalmente ante el responsable del cuartel, "por lo que esperamos que éste la haga llegar a la dirección general para que sea investigada", indicó.

Por otra parte, Florencio Garrido añadió que hace cinco años la Dirección General de la Guardia Civil ordenó que la explotación de los servicios de restauración de todos los cuarteles del país fueraadjudicada a empresas privadas y ajenas al Cuerpo. No obstante, Garrido advirtió que, "transcurrido ese tiempo, y al concluir algunos de dichos contratos, la concesión ha vuelto a manos de responsables de la Benemérita".

La ANGC, cuya nueva denominación, Asociación Unificada de la Guardia Civil, está pendiente de ser aprobada por el Ministerio del Interior, es fruto de la fusión de la Coordinadora Pro Perjudicados por Luis Roldán (Coproper) y la Asociación de la Guardia Civil 6 de Julio. En la actualiad, la ANGC representa a 1.600 guardias civiles de los 70.000 que integran el Cuerpo.

Con fecha 21 de julio de 1994, una resolución de la Audiencia Nacional reconocía el derecho de asociacionismo en el seno de la Benemérita, lo que obligó al Ministerio de Justicia e Interior a registrar como tal la asociación fundada por los fundadores del antiguo Sindicato Unificado de la Guardia Civil (SUGC), que fue declarado ilegal por el Gobierno.