Ambos ministerios informaron de que el convenio firmado por Alonso y López Aguilar entrará en funcionamiento a partir del mes de mayo y afectará a edificios e instalaciones dependientes de Justicia.

Las labores de protección serán realizadas por oficiales, suboficiales, cabos y guardias en situación de reserva, quienes pasarán a constituir una unidad que tendrá independencia orgánica y funcional. La Dirección General de la Benemérita será la encargada de seleccionar al personal más idóneo para cada puesto.

La importancia del convenio suscrito queda reflejada por el hecho de que Justicia destinara durante 2005 un presupuesto de 8,7 millones de euros para garantizar la seguridad de sedes judiciales, mientras que para este año la cantidad asignada a este fin aumenta en un 8,3 por ciento.

Además, en virtud del acuerdo con Interior el departamento que dirige López Aguilar se compromete a proporcionar la información necesaria relativa a los edificios e instalaciones para el desempeño de las funciones de vigilancia y protección objeto de este acuerdo.

Asimismo, Justicia se compromete a facilitar los medios e instalaciones necesarios para el desarrollo de estos cometidos, aunque la Comisión Mixta de Seguimiento la que analice y determine las peticiones de dichos medios, que siempre estarán sujetas a las disponibilidades presupuestarias.