La vista dio comienzo hoy con la negativa de los cuatro miembros de los GAR (Grupos Antiterroristas Rurales) juzgados, Marcelino Rivas, José Cardoso, Ignacio Giles y José Luis Moreno, a responder a las preguntas formuladas por la acción articular y el fiscal.

Posteriormente declaró José Enrique Borda, el joven que resultó herido, quien testificó que, pese a que la noche del 21 de enero de 1990 estaba clara el no vio ni oyó el alto que supuestamente le dieron las agentes cuando transitaba por una carretera local de Irún.

Destacó que lo único que sintió fue un fuerte impacto en la espalda al recibir el disparo y que pensó que eran ladrones o personas con malas intenciones, por lo que decidió escapar del lugar y dirigirse hasta el ospital Comarcal del Bidasoa, donde ingresó en estado muy grave.

Borda respondió al fiscal que, si hubiera sabido que se trataba de agentes de la Guardia Civil, hubiera parado el vehículo. El testimonio de su novia, Guadalupe Zumeta, que le acompañaba aquella noche, fue similar.

Enrique Borda sufrió una herida "de extrema gravedad" en el hemitórax derecho, de la que tardó en sanar unos 75 días y de la que le quedaron numerosas secuelas, impidiéndole desarrollar profesionalmente la práctica del juo, al que se dedicaba antes de ocurrir el suceso.

Por su parte, la defensa de los guardias civiles trasladó a Borda su pesar por lo ocurrido, pero negó que sus clientes sepan quién fue el que realizó el disparo que hirió al joven, ya que todos apuntaron a las ruedas del vehículo al ver que éste no paraba.

El fiscal solicita penas de 2 meses de prisión menor para cada uno de los inculpados y una multa conjunta de 2.600.000 pesetas por un delito de imprudencia temeraria, mientras que la acusación prticular pide 8 meses de prisión menor para cada uno y una indemnización de 20 millones de pesetas, por el mismo delito. La defensa solicita la libre absolución de sus clientes.