Ante la manifestación prevista para mañana y las advertencias del Ministerio del Interior a los agentes que la secunden, esta asociación ha enviado a sus miembros un dictamen de su asesoría jurídica para informarles de sus derechos.

Recuerda que en virtud de la Ley Orgánica 11/2007 de derechos y deberes de los miembros de la Guardia Civil, los agentes no pueden "organizar" manifestaciones o reuniones de carácter político o sindical, y que no pueden asistir a manifestaciones o reuniones vistiendo el uniforme reglamentario ni portando armas, y deben respetar la exigencia de neutralidad política.

El dictamen de asesoramiento explica que las asociaciones no son agentes, sino personas jurídicas diferenciadas de sus miembros, y que "organizar" no es asistir.

Además, la manifestación está convocada "para asistir sin uniforme y sin armas, ni tan siquiera con ningún elemento que los identifique como miembros de la Guardia Civil. Tampoco hay ningún lema que vaya contra un partido político u otro, sino que se pide al Poder Ejecutivo la homologación salarial y dignificación profesional, por lo que no existe infracción de la neutralidad política".

Añade que el ejercicio del derecho fundamental de manifestación no tiene por qué ir ligado inseparablemente a una actividad sindical, prohibida para los guardias civiles.

Apelan a la jurisprudencia constitucional para defender que los límites de los derechos fundamentales, como el de manifestación, deben ser interpretados con carácter restrictivo y en el sentido más favorable a la eficacia y esencia de tales derechos.

Denuncian por todo ello que desde el Ministerio del Interior se está intentando someter a los guardias civiles a una "coacción preventiva" en el ejercicio de sus derechos.

Advierten además a los agentes de servicio el día de la manifestación de que cuando juraron o prometieron su cargo hicieron lo mismo con el cumplimiento de la Constitución, especialmente con su artículo 194, "donde se nos encomienda la misión de proteger el libre ejercicio de los derechos y libertades".

"Si algún funcionario de policía recibiera directa o indirectamente órdenes de obstaculizar este ejercicio, estaría legitimado para desobedecerlas, por tratarse de una manifiesta infracción del ordenamiento jurídico", aseguran.