A raíz de estas inspecciones, se han iniciado 55 procedimientos judiciales contra propietarios de cadenas de televisión por cable y establecimientos de alquiler y venta de películas.

En el primer trimestre del año, la justicia española dictó 72 sentencias condenatorias contra otros tantos individuos que ejercían la piratería audiovisual. Con esta cifra, la FAP prevé que este año no varíe e porcentaje anual logrado en 1995, en el que la justicia dictó una sentencia diaria.

No obstante, según la Federación para la Protección de la Propiedad Intelectual de la Obra Audiovisual, en España aún quedan pendientes de resolver 1.174 causas relacionadas con delitos de propiedad intelectual.