Los servicios jurídicos de este cuerpo fundamentan su alegación amparándose en un acuerdo del Consejo de Ministros de 16 de febrero pasado, que declaraba secreto oficial los archivos relacionados con el terrorismo.

El citado acuerdo consideraba secreto "la estructura, organización, medios y técnicas operativas utilizadas en la lucha antiterrorsta por las Fuerzas y Cuerpos de seguridad del Estado, así como sus fuentes y cuantas informaciones o datos puedan revelarlas", lo que afectaría a los ficheros de terrorismo y narcotráfico.

La Agencia de Protección de Datos (APD) abrió hace unos días expediente informativo a la Guardia Civil por ocultar dichos ficheros, que, según este organismo, la Benemérita está obligada a dar atendiendo a la Ley de Protección de Datos.

La Guardia Civil, por su parte, alega que esos datos son secretos, según e citado acuerdo de Consejo de Ministros, y por ello sostiene que debe evitarse su difusión pública.

El expediente se decidió tras la negativa de los responsables del cuerpo a publicar una descripción de los citados ficheros en el Boletín Oficial del Estado (BOE) y a presentar un informe ante la APD.

Las sanciones previstas para organismos públicos que incumplen la Ley de Protección de Datos comienzan con una resolución de la infracción cometida. A continuación, la APD puede dar traslado al Defensr del Pueblo del expediente e incluso abrir un procedimiento disciplinario sobre la responsabilidades personales de funcionarios que estuviesen incumpliento la normativa. Por último, en caso extremo, la ley contempla la posibilidad de que sean requisados los ficheros del organismo infractor.