En el juicio, celebrado en la delegación del ministerio de Defensa en Sevilla, Espino Carrasco, que se presentó uniformado a la declaración y que cuenta con cinco expedientes disciplinarios por su supuesta militancia en el Sindicato Uficado de la Guardia Civil, negó todas y cada una de las imputaciones realizadas por el fiscal.

Los hechos ocurrieron en abril de 1990, cuando el guardia civil fue detenido en su domicilio por dos miembros del cuerpo a los que opuso resistencia.

Espino ya ha sido absuelto por el Tribunal Supremo de una sentencia condenatoria de un tribunal militar que le acusó de un delito de sedición por su presunta pertenencia al entonces clandestino sindicato de la Guardia Civil. Después de seis años de inhabiitación, José Luis Espino ocupa en la actualidad el puesto que tenía en la guardia civil fiscal.

Por su parte, la Unión Federal de la Policía expresó también su rechazo a la celebración del juicio de guerra por considerar que a los guardias civiles no se les otorga el mismo trato que a cualquier otro ciudadano.

"El trato que se les debe dar a los funcionarios, sean guardias civiles o policías, debe ser civil a todas las luces, por tanto estamos absolutamente en desacuerdo de este tipo de juicios ontra compañeros de las Fuerzas de Seguridad del Estado", manifestó José Méndez, secretario general de la organización en Andalucía.

Méndez lamentó que la afiliación sindical o a asociaciones culturales siga prohibida todavía hoy para los miembros de las fuerzas de seguridad, ya que, a su juicio, esa negativa limita la legitimidad que merecen como trabajadores de la función pública.