La mercancía estaba compuesta de sardinas y boquerones que no daban la talla requerida por la nomativa legal. Además, los servicios veterinarios determinaron su destrucción prque no eran "aptos para el consumo humano".

La actuación de la Guardia Civil, que sospechó por la apariencia externa de la furgoneta, impidió también la comercialización y distribución del pescado, que provenía de Cádiz e iba a ponerse a la venta de inmediato.