Los autores de estos hechos ilegales lograron sustraer más de 1.500.000 metros cúbicos de agua depurada y apta para el consumo humano, cantidad con la que se podría abastecer durante un año a poblaciones que superan los 20.000 habitantes, informó el Instituto Armado.

El operativo de inspección ha sido llevado a cabo por el Servicio de Protección de la Naturaleza y ha contado con la colaboración del departamento de fraude del Canal de Isabel II, lo que ha permitido esclarecer el 100% de los hechos denunciados e imputar a 93 personas por defraudar este bien común.

La forma más habitual de fraude ha consistido en realizar una conexión, conocida vulgarmente como pinchazo, a la red general de suministro del agua, sin la correspondiente autorización. La proliferación de este tipo de acciones en los últimos años ha hecho aconsejable establecer una serie de inspecciones con la colaboración de los organismos implicados en la materia.

Según el Instituto Armado, en algunos casos ha sido necesario el empleo de medios técnicos para la detección de corrientes de agua procedentes de conexiones ilegales, como los robot "geo-radar" utilizados para medir densidades del terreno. Explicó que se han llegado a localizar conducciones clandestinas de más de dos kilómetros de largo.

La inspección desarrollada a lo largo de 2009 ha tenido especial incidencia en zonas residenciales, polígonos industriales y obras en construcción. La Guardia Civil destacó que 73 de los fraudes detectados han sido realizados por empresas que empleaban el agua en el ejercicio de sus actividades.

La Guardia Civil alertó de las consecuencias negativas de las conexiones ilegales, como que originan un daño a la conducción de agua original; pérdidas incalculables de agua por fugas, que, en ocasiones, incluso acarrea bolsas de aguas aéreas o subterráneas, y disminución de la presión que afecta al resto de los usuarios.