Los sicarios iban a cobrar 50.000 dólares por el asesinato del fiscal y 100.000 por el de las otras cuatro personas. Los asesinatos fueron organizados desde la cárcel de Soto del Real por un acusado de narcotráfico, Pablo Vioque.

Admás del fiscal antidroga, Javier Zaragoza, los objetivos eran dos arrepentidos que declararon contra el acusado y dos abogados que mantuvieron un enfrentamiento con él. La organización estaba integrada por cinco colombianos (tres de ellas mujeres), dos venezolanos y un español relacionados con el narcotráfico.

Los homicidios, según la Guardia Civil, fueron planeados desde la cárcel madrileña de Soto del Real por Vioque y tenían como fin tanto el ajuste de cuentas como provocar el miedo entre testigosestamentos judiciales relacionados con el juicio por narcotráfico que se sigue contra el detenido.

La operación comenzó a finales del año pasado, cuando la Guardia Civil realizaba una investigación contra el tráfico de estupefacientes en la Comunidad de Madrid, a raíz de la cual fue identificado un venezolano que pretendía contratar a otras personas para cometer un asesinato.

Los agentes tuvieron entonces conocimiento de que podría tratarse de un grupo organizado cuyo cabecilla cumple prisión prventiva en Soto del Real y que se valía de otro preso para impartir sus órdenes con el fin de localizar a sus colaboradores y realizar los pagos correspondientes para contratar sicarios y comprar armas.

Pablo Vioque daba las instrucciones y distribuía las misiones desde el interior de la prisión, para lo cual utilizaba al colombiano D.L.C. y a personas que estaban fuera de la cárcel, presuntamente relacionadas con el narcotráfico, que facilitaban la infraestructura y servían de enlace con otro integrate de la organización, F.T., que ejercía de jefe fuera del centro penitenciario.

A través de otra persona, D.C.R.C., llegaron a poder de F.T. las fotografías y otros datos relativos al fiscal, para su entrega al sicario que tenía que cometer el asesinato, por el que cobraría 50.000 dólares.

Tras la comisión del delito, el sicario debía ocultarse en una ciudad de la costa levantina, donde permanecería oculto a la espera de nuevas instrucciones para trasladarse a Galicia. Una vez allí, cobraría otrs 100.000 dólares por asesinar a los dos arrepentidos que han declarado contra Vioque en el juicio oral, así como a dos abogados con los que el acusado mantenía un enfrentamiento relacionado con la defensa del caso que habían hecho.

Además de los ocho detenidos, que ya han ingresado en prisión, han sido imputados una abogada relacionada con Pablo Vioque y dos funcionarios de prisiones por su presunta participación en los hechos.

En los seis registros domiciliarios efectuados, la Guardia Civil se a incautado de diversa documentación, varios teléfonos móviles, una pistola con munición de fogueo, algunas cantidades de cocaína y 3.000 euros. La operación ha sido supervisada en todo momento por la Fiscalía de Madrid y la autoridad judicial competente.