Las investigaciones se iniciaron cuando se tuvo conocimiento de la existencia de una organización dedicada al transporte de alcohol y bebidas alcohólicas desde depósitos fiscales y bodegas de España y Portugal con destino a otros depósitos fiscales comunitarios o a terceros países en Régimen Suspensivo, es decir, sin satisfacer los impuestos especiales ni el IA.

La defraudación consistía en la utilización de varios depósitos fiscales y bodegas situadas en Jerez de la Frontera, Cádiz, Sevilla, Barcelona, Logroño y Toledo, para expedir la mercancía directamente a otro depósito comunitario, a un depósito de un tercer país o a otro español que se encargaba de reexpedir hasta su destino.

La valoración aproximada del fraude cometido hasta el momento es de 500 millones de pesetas, aunque podría ascender hasta los 1.500 millones en caso de confirmarse el desvo del resto de las expediciones.

La red desarticulada por la Guardia Civil operaba, además de en España, en países como Bélgica, Gran Bretaña, Rusia o Eslovenia. En el transcurso de la investigación la Guardia Civil ha contado con la colaboración de las autoridades británicas. La operación continúa abierta y no se descartan nuevas detenciones.