Según informó hoy la Benemérita, centenares de personas se podrían haber visto afectadas por las prácticas fraudulentas de esta empresa, que se quedaba con el dinero de los clientes sin realizar ningún tipo de recurso.

Los estafadores consultaban el boletín oficial de la provincia en que operaban las denuncias por infracciones de tráfico. Una vez conocidos los nombres de los infractores obtenían el número de teléfono y se ponían en contacto con ellos para ofrecerles sus servicios.

La garantía que ofrecían era del 98% en cancelación de multas, previo pago de entre el 40% y el 50% del importe de la multa en concepto de honorarios. De no obtener la anulación de la sanción, la empresa prometía la devolución del dinero, situación que nunca se produjo.

Más tarde, los miembros de la red se hacían pasar por la "Oficina Central de Recursos de Multas" con el objetivo de reforzar la confianza de los consumidores.

Si el perjudicado deseaba reclamar el incumplimiento del contrato la empresa le ofrecía un número 807, que les obligaba a pagar por poner una reclamación que sólo contribuía a engrosar la cuenta de beneficios.