Las investigaciones efectuadas por la Benemérita pudieron determinar que la organización desarticulada adquiría la droga contactando con colombianos residentes en Madrid. Posteriormente la distribuían en la zona levanina.

La detención de los ocho individuos, de edades comprendidas entre 26 y 33 años, se produjeron en Alicante capital y en las localidades limítrofes de Novelda, Aspe, Elche y Villena. Entre los detenidos se encuentran J.G.G., de 32 años, considerado por los investigadores el máximo responsable de la red, y F.G.C., de la misma edad y conocido abogado ilicitano.

Las operaciones de narcotráfico comenzaban con un primer contacto telefónico entre los máximos responsables de la organización desde Novlda y Madrid, en el que pactaban la cantidad de droga y lugar de encuentro para realizar la transacción.

El beneficio conseguido con la venta de las sustancias estupefacientes era "invertido" en la adquisición de bienes de lujo, tierras rústicas de regadío, pisos, vehículos, etc., utilizando para ello empresas y sociedades tapadera que mantenían durante algún tiempo para no levantar sospechas, provocando posteriormente su quiebra financiera.

La organización canjeaba el pago de la droga adquirida n Colombia mediante el cambio de divisas en dólares USA y con el importe procedían a adquirir terrenos y viviendas por todo el territorio nacional y en Estados Unidos.

Las "inversiones" eran efectuadas de forma disimulada con entramados financieros y en pequeñas cantidades monetarias, utilizando cheques al portador, ingresos en efectivo y, paralelamente, inversiones en acciones cotizadas en el mercado español y aportaciones a planes de pensiones y seguros de vida a nombre de testaferros y terceras peronas.

Los agentes de la Guardia Civil procedieron a la entrada y registro domiciliario del chalet de lujo en Novelda donde residían los detenidos, donde fue intervenida diversa documentación económico-contable, entre la que destacan pólizas de seguros por una cantidad superior a los 60 millones de pesetas, así como varios vehículos de gran cilindrada, armas de fuego, teléfonos móviles y más de 6,5 millones de pesetas en efectivo.

La autoridad judicial ha dispuesto el bloqueo de sus cuentas bancaras, con el fin de evitar la utilización del dinero depositado, más de 24 millones de pesetas, por parte de otros miembros implicados en la trama.