El temor lo expresaron, aunque por diferentes motivos, todos los portavoces de Justicia, desde el socialista al del PP, pasando por los de Izquierda Unida, PNV y CiU.

Los portavoces de Justicia, reunidos en la Comisión del Congreso de los Diputados, esperaban a las cuatro y media de esta tarde la comparecencia del presidente del CGPJ, Francisco José Hernando.

Hernando había sido llamado a comparecer para explicar la aplicación de la ley en el cumplimiento de penas por terrorismo, pero los diputados sólo escucharon la explicación que el presidente de la Comisión, Alvaro Cuesta, ofreció sobre la ausencia de Hernando.

Cuesta recordó que la petición de comparecencia de Hernando fue admitida a trámite por la Mesa del Congreso el pasado 14 de febrero, y se acordó el día 8 de marzo para la sesión.

Pero Hernando comunicó la imposibilidad de comparecer ese día por estar convocada con anterioridad una reunión del pleno del CGPJ, así que la sesión se cambió a la tarde de hoy. Fue después cuando Hernando pidió por carta al presidente del Congreso, Manuel Marín, que se reconsiderara su llamamiento.

La Mesa de la Comisión de Justicia decidió mantener el orden del día previsto, aclarando expresamente que el objetivo de la comparecencia no era controlar políticamente a los jueces, sino obtener información sobre un asunto que requiere la colaboración entre los distintos poderes del Estado.

Los parlamentarios hicieron llegar a Hernando la precisión de que su comparecencia no perturbaría la independencia del CGPJ ni del Tribunal Supremo, pero Hernando respondió con otro escrito en el que insistía en que el cuidado de esa independencia le impedía comparecer.

El presidente de la Comisión de Justicia explicó todo esto a los portavoces y después levanto la sesión, momento en el que todos ellos expresaron en los pasillos del Congreso su temor a una confrontación institucional. EL TEMOR DE LOS GRUPOS

En el caso del portavoz del PP, Ignacio Astarloa, ese temor se deriva de la convicción de que esa petición de comparecencia "nunca se tenía que haber producido" porque es claramente "contraria a la Constitución y a la ley".

Astarloa argumentó que los defensores de esa comparecencia pretendían ejercer un "control político" de la acción de los jueces y los acusó de generar una situación "próxima a un conflicto institucional innecesario".

Todos los demás portavoces consideraron suficientemente demostrado que no había intención alguna de controlar la acción jurisdiccional de los jueces, sino de obtener información sobre una política de aplicación de una legislación.

El coordinador general de Izquierda Unida, Gaspar Llamazares, acusó a Hernando de "declararse en rebeldía" frente al Parlamento y provocar con ello una "confrontación" entre ambas instituciones.

Llamazares denunció que el propio Hernando y el conjunto del CGPJ no están teniendo reparo alguno para "meterse en política" pero luego rechazan la llamada al Congreso de los Diputados.

El socialista Julio Villarubia se mostró convencido de que Hernando no acude al Congreso porque, en caso de hacerlo, se vería obligado a reconocer que se está cumpliendo la ley en lo que respecta a la aplicaión de penas por terrorismo y que el Gobierno "no interfiere" en ello.

Reconocer eso, dijo Villarrubia, "iría en contra de la campaña emprendida por el PP de forma vergonzosa". Juzgó por ello demostrado que Hernando es en realidad "un ariete" en favor del PP y cuestionó incluso su "carácter de demócrata".

El portavoz de CiU, Jordi Jané, recordó antecedentes de comparecencias de un presidente del CGPJ, incluso por una cuestión parecida, como era le de informar de las actuaciones de este organismo para esclarecer algunas excarcelaciones de presos preventivos por delitos de terrorismo y narcotráfico.

Ese es el caso, recordó Jané, de Pascual Sala cuando era presidente del CGPJ, que fue llamado por el PP y por Izquierda Unida y compareció el 5 de diciembre de 1995.

También Margarita Uría, del PNV, se mostró convencida de que la comparecencia de Hernando entraba en los límites del deber de colaboración entre los órganos del Estado, y que su ausencia marca "un punto de inflexión" en las relaciones de ambos poderes.

Tanto Jané como Uría lamentaron también, expresamente, que el presidente de la Comisión de Justicia levantara la sesión sin que los portavoces pudieran explicar sus valoraciones para que quedara constancia de ellas en el diario de sesiones.