Entre las solicitudes, la propuesta incluye que se hagan las modificaciones legislativas necesarias "para garantizar la atención personalizada" en caso de que las personas lo demanden.

También que se promueva un servicio de calidad con "tecnología de acceso a la banca sencillas, comprensibles, inclusivas y seguras" y "máxima seguridad, para proteger a los usuarios bancarios de robos, engaños y estafas online".

Además, se pide "modificar el concepto de cajero automático externo, convirtiéndolo en un mecanismo más humano y amigable". Quieren un funcionamiento que permita "un uso más intuitivo".

Se reclama igualmente que el Ejecutivo se coordine con el Banco de España, como supervisor, y con representantes del sector de entidades de crédito, para promover medidas como la de "evitar que el cierre de las oficinas bancarias no lleve emparejado el cierre de sus cajeros automáticos externos, incrementar el personal de apoyo para ayudar a las personas con menores capacidades digitales a realizar las operativas necesarias y la instalación de señales e indicaciones de prioridad en el uso de los cajeros automáticos por parte de personas mayores, embarazadas y personas dependientes".

A las entidades financieras que desarrollan espacios de convivencia en antiguas oficinas, se les reclama "que difundan su existencia y forma de acceso entre los clientes de mayor edad y menor capacidad tecnológica".

Asimismo, se les pide que hagan convenios con las comunidades autónomas para el desarrollo del "ofibús' con cajeros móviles universales en zonas rurales y lugares con menor acceso. Y que se ofrezca a los consumidores más vulnerables "la gestión de citas previas mediante atención telefónica personalizada".

Por último, se insta a la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos y las entidades financieras bancarias a la firma de convenios que faciliten que las entidades bancarias presten sus servicios financieros "a través de las oficinas de Correos y Unidades Móviles Financieras para dar cobertura suficiente al mundo rural".