"La brutalidad manifestada en casos como el de Olga Sangrador, Leticia y María del Carmen Rivas exigen una reconideración de la naturaleza de este delito", señalan la Asociación de Asistencia a Mujeres Violadas, la Comisión para la Investigación de Malos Tratos a Mujeres y Mujeres para la Salud, entre otros grupos firmantes.

Las penas actuales no consiguen la disuasión, represión y rehabilitación de los violadores, en opinión de las feministas. "Prueba de ello es el alto índice de reincidencias y el incremento de los casos denunciados", aseguran.

En cuanto a la exclusión de la penetración bucal del delito e violación, las organizaciones de mujeres la consideran una regresión en comparación con la última reforma del Código Penal de 1989.

Por lo que respecta al supuesto de la angustia certificada por un médico como motivo de despenalización de la interrupción voluntaria del embarazo, los grupos señalan que "si las mujeres somos capaces de asumir la responsabilidad de la maternidad sin que decidan por nosotras médicos, jueces y obispos, exigimos también nuestro derecho a decidir cuando no hemos de continur un embarazo no deseado sin ir por ello a la cárcel".

Las organizaciones, entre las que figuran la Asociación Mujeres Jóvenes, Fórum de Política Feminista y la Federación de Asociaciones de Mujeres Separadas y Divorciadas, también rechazan que en el castigo a la violación de personas menores o privadas de sentido el proyecto contemple la atenuante por imprudencia, así como que el acoso sexual no esté incluído en la legislación penal.

CRIMINALIZACION DE LA PROSTITUCION

Sobre el tratamiento de l prostitución en el proyecto, las mujeres lo consideran positivo en cuanto establece la libertad sexual como el bien jurídico a proteger, "aunque señalamos, no obstante, la falta de medidas sociales en favor de las personas afectadas y la criminalización que por su cuenta realizan destacados cargos públicos".

Igualmente, valoran positivamente la inclusión por primera vez en el futuro Código Penal del delito de discriminación en el trabajo por razón del sexo, castigada con penas de seis meses a dos año.

Por el contrario, las asociaciones feministas consideran innecesaria la penalización específica de la obstaculización del régimen de visitas a las hijas e hijos en casos de separación o divorcio, "por estar comprendida en el delito de desobediencia judicial".

En contra de lo actualmente en vigor, la "ocultación de la deshonra de la mujer" dejará de ser atenuante de los delitos de infanticidio, abandono de niños y aborto. Los grupos firmantes expresan su conformidad con la supresión, pero reclamn que vaya acompañada de medidas sociales de apoyo a las madres e hijos extramatrimoniales.

Por otro lado, las organizaciones feministas reclaman que se ponga en funcionamiento la institución del jurado con una composición paritaria de sexos, para que la aplicación e interpretación del nuevo Código Penal sea "justa".