En opinión de estas organizaciones, las obras de recrecimiento de la presa significarían "multiplicar los estragos causados por el actual embalse" y afirman que, a pesar de que la primera piedra de las obras de recrecimiento se puso en 2001, "sólo se ha completado el 30% del proyecto gracias a la gran oposición y las acciones judiciales emprendidas en contra de esta actuación".

Las acciones judiciales se han centrado en una querella criminal contra tres ex-altos cargos del Ministerio de Medio Ambiente, una denuncia por destrucción del Patrimonio Histórico-Artístico y seis contenciosos administrativos contra diversas resoluciones.

El conjunto de estas organizaciones, que afirman que la Comisión del Agua del Gobierno de Aragón "está manejada por los beneficiarios de los embalses y no ha atendido las demandas de los ciudadanos", afirma que existen otras soluciones que no pasan por el recrecimiento de la presa y piden que se elabore "una propuesta para el desarrollo sostenible de la zona afectada por el actual embalse".