Según Paco Vañó, exdiputado del PP y miembro en su día de la Comisión de Políticas Integrales para la Discapacidad del Congreso, la Ley de Integración Social de los Minusválidos (Lismi) de 1982 supuso un “gran avance en su día”, con aspectos tan importantes como la reserva del 2% del empleo en las empresas de más de 50 trabajadores para este colectivo.

“Desde entonces hemos avanzado mucho”, admitió, pero tras su aprobación ”vimos que la ley no se cumplía”, situación que continúa 40 años después.

Por este motivo, se aprobó la Ley 49/2007 reguladora del régimen de sanciones e Infracciones y se establecieron las medidas alternativas, que permitían sustituir la cuota de reserva por la contratación con centros especiales de empleo. Todas estas normas, al igual que la Lismi, fueron derogadas y subsumidas en el Real Decreto 1/2013 , por el que se aprobó el Texto Refundido de la Ley General de Derechos de las Personas con Discapacidad y de su Inclusión Social.

“Yo no soy partidario de una política de castigos y sanciones”, sostuvo Vañó, pero “está claro que se siguen produciendo muchos incumplimientos”.

Abogó por aplicar medidas para incrementar la presencia de personas con discapacidad en el mundo del trabajo, que pueden pasar por un endurecimiento en cuanto a la vigilancia de la ley o bien por aplicar cuotas más ambiciosas.

También la diputada de ERC Carolina Telechea alabó las bondades de la legislación sobre discapacidad aprobada en España, que calificó de “muy avanzada”. El problema es que "no siempre se aplica” en ámbitos como la accesibilidad y el empleo, “y me da muchísima pena, porque tenemos que conseguir que más personas con discapacidad se incorporen a las plantillas de las empresas”.

En su opinión, esta “es una ley muy necesaria, pero tenemos que hacer que se cumpla” y, “como administración”, impulsar esta mayor presencia del colectivo en el mundo laboral. “Si no, ¿para qué estamos aquí?”, se preguntó.

AUMENTAR LAS RESERVAS

Carles Campuzano , ex diputado del PDCat y antiguo presidente de la Comisión de Políticas integrales de la Discapacidad del Congreso, vio con buenos ojos la posibilidad de rebajar el límite establecido en la Lismi de 50 empleados a 20, a fin de adaptarse a la realidad del sector empresarial español, y animó a ”tomar ejemplo de otros países de nuestro entorno, que han revisado sus medidas alternativas” para aumentar su eficacia.

En cambio, el director general de Personas con Discapacidad e Inclusión de la Junta de Andalucía y ex diputado por Ciudadanos, Marcial Gómez, prefirió otras posibilidades “menos rígidas”, como aumentar el porcentaje de empleo reservado en función del número de trabajadores de la empresa, pues no es lo mismo 51 que 500.

Propuso también que dicha cuota dependa de los beneficios, y animó al sector privado a “mirarse en el espejo de las administraciones públicas”, que en todas sus convocatorias de empleo tienen una cuota de reserva superior al 5% (del 10% en el caso de Andalucía). “Distintos estudios económicos han demostrado que este incremento es perfectamente viable”, apuntó Gómez.

Íñigo Barandiarán, portavoz del PNV en la actual Comisión de Discapacidad, e Íñigo Alli, ex representante de UPN en esta misma Comisión, defendieron asimismo la aplicación de distintas medidas para conseguir que más personas con discapacidad se incorporen al mercado de trabajo, dado que la Lismi y la posterior legislación han resultado “insuficientes”.

MÁS INSPECCIONES

La misma idea expresó el socialista Joan Ruiz, actual presidente en la Comisión de Políticas Integrales para la Discapacidad en el Congreso, quien pese a todo, pidió “mayor contundencia” a la hora de exigir su cumplimiento.

Señaló que “a veces, quienes no tienen contacto directo con la discapacidad no llegan a comprender la importancia de temas como las barreras arquitectónicas u otros problemas específicos del sector (movilidad, falta de empleo, dificultades para la inclusión educativa…). A su juicio, “debemos ser mucho más exigentes en el cumplimiento de la ley y en la imposición de sanciones”, además de seguir avanzando y mejorarla.

Para la diputada de Unidas podemos Marisa Saavedra, “España tiene un problema con sus leyes que no es exclusivo de la Lismi”. “En general, tenemos leyes muy buenas y avanzadas, y esta es un ejemplo”, afirmó, “pero después se incumplen y no hay grandes consecuencias”. Por ello, defendió reforzar las inspecciones de trabajo e instó a las distintas administraciones a “ejercer un mayor control sobre el cumplimiento de toda la normativa referida a discapacidad.