Esos trabajos se paralizaron el pasado verano, después de que las posiciones encontradas imposibilitaran sacar adelante el conjunto de la reforma.

El acuerdo global estaba prácticamente hecho, incluyendo mecanismos para reforzar el control al Gobierno, agilizar y facilitar la creación de comisiones de investigación, y la dinamización de los debates.

Pero el obstáculo principal era la regulación del uso de las lenguas cooficiales en las sesiones del Congreso. El PP rechazaba de plano cualquier modificación de la situación actual, mientras que los grupos nacionalistas y minoritarios estaban dispuestos a defender hasta las últimas consecuencias el avance de las lenguas cooficiales.

Esa situación apenas avanzó desde el verano pasado hasta la decisión de Marín de convocar nuevamente la ponencia encargada de analizar esa reforma.

Según informaron a Servimedia fuentes parlamentarias, la reunión apenas duró diez minutos y sólo habló Marín para pedir a los grupos que reanuden los trabajos con el objetivo de celebrar próximamente una nueva reunión en la que se puedan concretar avances.

Los servicios jurídicos del Congreso entregaron a los grupos un esquema de los acuerdos que se habían alcanzado el verano pasado, y también una relación de las normas aprobadas en los últimos meses y que interfieren con el Reglamento del Congreso.

Es el caso de la Ley de Defensa Nacional, que incluye la regulación de algunos asuntos a su paso por el Congreso, del Estatuto de RTVE, y también del Estatuto de Cataluña.

Ese Estatuto reconoce el derecho de los ciudadanos catalanes a dirigirse en catalán a las instituciones, por lo que daría la razón a los grupos que reclaman la posibilidad de utilizar el catalán en la tribuna del Congreso.

Los grupos mantienen sus posiciones, aunque proclaman también su voluntad de diálogo para sacar adelante el nuevo texto.

Los socialistas han dejado claro que pretenden aprobar una reforma que cuente con el respaldo unánime del hemiciclo, lo cual implica un acercamiento entre las posiciones del PP y la de los nacionalistas.

Ese acercamiento podría ser a costa de dejar la regulación del uso de las lenguas cooficiales fuera del Reglamento pendiente de un futuro texto adicional, para garantizar que al menos el grueso del texto sale adelante.

Una vez hecho el llamamiento de Marín, los grupos dan por hecho que habrá contactos bilaterales para ir intercambiando puntos de vista, aunque todos coinciden en que debe ser el mayoritario, el PSOE, quien dé los primeros pasos.