Este ajuste, que habrá de aprobarse antes del 1 de enero del próximo año, se produce por la evolución moderada de la inflación, por la que se prevé que la recaudación del Estado por los impuestos ordinarios se reducira en el próximo año y esa disminución de los ingresos se trasladará a los gastos.

De esos 100.000 millones de gastos, 30.000 se acortarán automáticamente en las tranferencias del Estado a la Seguridad Social y 8.000 millones más en las pensiones, debido al menor IPC.

El resto se recortará por igual en un 1 por ciento en las demás partidas presupuestarias, salvo en los gastos de personal, desempleo, prestaciones de la Ley Social de Integración de Minusválidos, prestaciones no contributivas, pensiones asistenciales a ancianos y enfermos, aportaciones al Insalud y Fondo de Compensación Interterritorial.

Asimismo, entre las otras 110 enmiendas presentadas por elGrupo Socialista, destaca la congelación salarial para los altos cargos de la Administración y de las Cortes Generales, así como la recomendación a las Comunidades Autónomas que realicen las ofertas de empleo público imprescindible.

También plantean un aumento en el sueldo a los funcionarios en del 0,2 por ciento frente a la congelación que presentaba en un principio el texto original, aunque Barreiro señaló que esta cifra está abierta a la evolución de la inflación y a una posible negociación con lossindicatos.

Otra de las enmiendas plantea el cambio progresivo del sistema actual de cotización a la Seguridad Social, que pasaría de pagarse en función de la pensión a recibir, a hacerlo de acuerdo con el salario que se recibe.