Según el senador socialista Manuel Hurtado, el cumplimiento de esos requisitos que exige la Ley de Ordenación de la Edificación supone para los promotores de viviendas unifamiliares para uso propio un encarecimiento de unos 6.000 euros para una casa de alrededor de 90 metros cuadrados. Los promotores se ven obligados a hacer estudios geotécnicos, estructurales y de otro tipo, además de a asegurar por diez años a edificación.

Para el PSOE, "el encarecimiento de una vivienda de este tipo hace cada día más difícil que puedan acceder a las mismas las economías más débiles, entre ellas las de los jóvenes".